Para que la droga no llegue tus hijos… Violaremos la Constitución
Por Joaquín Monroy
joaquinmonroy4@yahoo.com.mx
Desde que inició la presidencia formal de Calderón, también se inició una “guerra” cruenta en contra del narco. Ocasionando, en el lenguaje de la CIA, “daños colaterales” principalmente en materia de derechos fundamentales (civiles, sociales y hasta políticos).
La pregunta que emerge es; ¿Son constitucionales los “operativos anti-narco”?. Una de las “cualidades” de Calderón durante su campaña fue que se sujetaría a la ley. Irónicamente ha sido lo que más ha violentado, pero a diferencia de Fox, no ha sido por ignorancia de la misma. Utiliza el discurso de la Seguridad pública en los medios de comunicación para legitimar sus acciones propias de un Estado militar-policiaco para que “las drogas no lleguen a nuestros hijos”.
El fondo legal es que el Gobierno de Calderón no se fundamente en el imperio de la ley característica propia de un Estado democrático liberal. En algunas partes de la República se han suspendido las garantías fundamentales de hecho a consecuencia de estos “daños colaterales”. Cabe recordar que la principal función del Estado democrático liberal es proteger a toda costa estos derechos, con las excepciones que marca nuestra constitución.
Cualquier constitucionalista le aconsejaría al Ejecutivo federal que para combatir el Narco tiene dos opciones;
1. Suspender las garantías según prevé el artículo 29 constitucional;
… solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo...
2. Iniciar una Guerra, con todas las consecuencias y “daños colaterales”, cuya facultad exclusiva es del Presidente según dice el artículo 89, fracción VIII; “Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión”.
En estas dos opciones el Presidente debe contar, no sólo con el apoyo moral de los Poderes de la Unión, sino con el apoyo de la ley y la constitucionalidad. Si bien es de urgencia recuperar los espacios públicos, mantener el orden y la seguridad pública con las Fuerzas Armadas, la Constitución, también, prevé en el artículo 129 que;
En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.
El Presidente Calderón no puede gobernar por decreto tanto tiempo, ni mucho menos en materia de Seguridad pública cuando la Constitución dice que debe contar con las previsiones generales de la Administración pública y por leyes expedidas por Poder legislativo.
Calderón busca mantener la Paz a toda costa utilizando la violencia legítima del Estado, pero lo más importante (y que dio origen el poder del narco) es la miseria y marginación al cual el Gobierno sometió a los ciudadanos desde su régimen autoritario y luego con los gobiernos neoliberales desde la década de los ochenta hasta nuestros días. La base y origen del narco es precisamente esa masa social excluida durante tanto tiempo ya sea como consumidores o como protectores, aunado a la corrupción y complicidad de las autoridades y del ejército.
Por lo tanto, es sencillo concluir que, la batalla debería ser contra la miseria, la explotación, la ignorancia, la exclusión, contra la corrupción de los miembros del gobierno y de políticos. Eso es lo mero importante, terminar con las causas que dio origen a la base social del poder del narco.
Por Joaquín Monroy
joaquinmonroy4@yahoo.com.mx
Desde que inició la presidencia formal de Calderón, también se inició una “guerra” cruenta en contra del narco. Ocasionando, en el lenguaje de la CIA, “daños colaterales” principalmente en materia de derechos fundamentales (civiles, sociales y hasta políticos).
La pregunta que emerge es; ¿Son constitucionales los “operativos anti-narco”?. Una de las “cualidades” de Calderón durante su campaña fue que se sujetaría a la ley. Irónicamente ha sido lo que más ha violentado, pero a diferencia de Fox, no ha sido por ignorancia de la misma. Utiliza el discurso de la Seguridad pública en los medios de comunicación para legitimar sus acciones propias de un Estado militar-policiaco para que “las drogas no lleguen a nuestros hijos”.
El fondo legal es que el Gobierno de Calderón no se fundamente en el imperio de la ley característica propia de un Estado democrático liberal. En algunas partes de la República se han suspendido las garantías fundamentales de hecho a consecuencia de estos “daños colaterales”. Cabe recordar que la principal función del Estado democrático liberal es proteger a toda costa estos derechos, con las excepciones que marca nuestra constitución.
Cualquier constitucionalista le aconsejaría al Ejecutivo federal que para combatir el Narco tiene dos opciones;
1. Suspender las garantías según prevé el artículo 29 constitucional;
… solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo...
2. Iniciar una Guerra, con todas las consecuencias y “daños colaterales”, cuya facultad exclusiva es del Presidente según dice el artículo 89, fracción VIII; “Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión”.
En estas dos opciones el Presidente debe contar, no sólo con el apoyo moral de los Poderes de la Unión, sino con el apoyo de la ley y la constitucionalidad. Si bien es de urgencia recuperar los espacios públicos, mantener el orden y la seguridad pública con las Fuerzas Armadas, la Constitución, también, prevé en el artículo 129 que;
En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.
El Presidente Calderón no puede gobernar por decreto tanto tiempo, ni mucho menos en materia de Seguridad pública cuando la Constitución dice que debe contar con las previsiones generales de la Administración pública y por leyes expedidas por Poder legislativo.
Calderón busca mantener la Paz a toda costa utilizando la violencia legítima del Estado, pero lo más importante (y que dio origen el poder del narco) es la miseria y marginación al cual el Gobierno sometió a los ciudadanos desde su régimen autoritario y luego con los gobiernos neoliberales desde la década de los ochenta hasta nuestros días. La base y origen del narco es precisamente esa masa social excluida durante tanto tiempo ya sea como consumidores o como protectores, aunado a la corrupción y complicidad de las autoridades y del ejército.
Por lo tanto, es sencillo concluir que, la batalla debería ser contra la miseria, la explotación, la ignorancia, la exclusión, contra la corrupción de los miembros del gobierno y de políticos. Eso es lo mero importante, terminar con las causas que dio origen a la base social del poder del narco.

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